El Consejo General de Mediadores valora positivamente la sanción a Banco Sabadell por prácticas ilegales en la comercialización de seguros

El Consejo General de Mediadores de Seguros valora positivamente la sanción de 16,5 millones de euros impuesta por el Banco de España a Banco Sabadell por la realización de prácticas de venta vinculada de hipotecas y seguros prohibidas por la legislación. La resolución considera que la entidad incurrió en una infracción muy grave de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, tanto por estas prácticas como por incumplir su obligación de actuar de manera imparcial y respetar los intereses de sus clientes.

Para el Consejo General, esta decisión supone un paso importante en el reconocimiento de una situación que los Colegios de Mediadores llevan años denunciando: la utilización de la posición de las entidades financieras en la concesión de créditos para condicionar la contratación de seguros y orientar las decisiones de los consumidores hacia productos que no siempre responden a sus necesidades o intereses.

La sanción se produce, además, en un contexto de creciente actividad judicial contra estas prácticas. En la actualidad, alrededor de un centenar de demandas por malas prácticas bancarias en la comercialización de seguros se encuentran en los tribunales, con el respaldo y la colaboración de los Colegios de Mediadores. A estos procedimientos se suma un amplio número de resoluciones judiciales condenatorias a entidades financieras por actuaciones contrarias a los derechos de los consumidores.

“Llevamos mucho tiempo denunciando que determinadas entidades bancarias han utilizado su posición de dominio en la concesión de créditos para imponer o condicionar la contratación de seguros. No hablamos de una discrepancia comercial ni de una cuestión de competencia entre canales de distribución. Hablamos de prácticas que vulneran la normativa y perjudican directamente a los usuarios”, señala Javier Barberá, presidente del Consejo General de Mediadores.

Barberá considera que la resolución del Banco de España “es una buena noticia”, pero advierte de que no debería quedarse en una actuación puntual: “Es importante que los organismos supervisores actúen y que sus decisiones tengan consecuencias. Pero también es necesario que exista una vigilancia continuada, especialmente de la inspección de la Dirección General de Seguros. No podemos normalizar que los usuarios tengan que acudir una y otra vez a los tribunales para defender unos derechos que deberían estar garantizados por el cumplimiento de la ley”.

El Consejo General recuerda que la contratación de seguros vinculada a operaciones de financiación debe respetar estrictamente las condiciones establecidas en la legislación. Las entidades financieras pueden ofrecer productos combinados, pero no imponer seguros propios mediante prácticas prohibidas ni aprovechar su posición frente al cliente para limitar su libertad de elección.

La organización que representa a toda la mediación insiste en que la defensa de una competencia efectiva exige que todos los operadores del mercado asegurador estén sometidos a las mismas reglas y a los mismos niveles de exigencia. “No puede haber una doble vara de medir. La normativa debe cumplirse por todos, independientemente del tamaño o del poder comercial de cada operador. Y cuando se incumple, la respuesta de las instituciones debe ser clara y efectiva”, concluye Barberá.

El Consejo General de Mediadores reitera su compromiso de seguir trabajando, junto con los Colegios, para erradicar estas prácticas, defender los derechos de los consumidores y garantizar una distribución de seguros transparente y profesional.